Editorial

Violencia institucional, medios de comunicación y lo que falta

Por Noelia Megías

El mensaje en contra de la Reforma del Código Penal caló hondo en parte de la sociedad. Los medios hegemónicos y el arco político opositor combinaron en que no era el momento indicado para semejante debate y se encargaron, lisa y llanamente, de boicotearlo. Ese no es el único problema, también se ocuparon de mentir e inventar acerca de la reforma, por ejemplo “se elimina la cadena perpetua” o “es un premio a violadores y secuestradores”, datos completamente erróneos.

Hace dos años, el 8 de Abril del 2013, la presidenta Cristina Fernández lanzó el Proyecto de Democratización de la Justicia, que constaba de seis puntos principales: a) Ley de reforma del Consejo de la Magistratura, b) Ley de Ingreso Democrático a la Justicia, c) Ley de Publicidad de los actos del Poder Judicial, d) Ley de Creación de tres nuevas Cámaras de Casación, e) Ley de Publicidad y Acceso Directo a Declaraciones Juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado, f) Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado Nacional y sus Entes Descentralizados. Inmediatamente la operación mediático-judicial comenzó y se proclamaron en contra, ya que esta intención de la Jefa de Estado representaba una embestida a las instituciones. Esas mismas que, por acción u omisión, profesan violencia institucional por discriminar a mujeres y hombres todos los días, que dan testimonio de la ausencia y desidia estatal a la hora de proteger sus derechos y garantías.

La mayoría de los casos de violencia institucional son por parte de las policías provinciales y del poder judicial. Las víctimas de esa violencia son silenciosas, la mayor parte del tiempo permanecen ocultas, hasta que estalla mediaticamente.

El sentido común de “la gente” plantea que si una persona delinque no es conveniente hacer la denuncia en la comisaría porque “son todos cómplices” y que “entran por una puerta y a las 24hs salen por otra”. Los medios y la oposición al Gobierno Nacional se ponen en contra de medidas de gran avance tales como la Democratización de la Justicia y la Reforma del Código Penal, a este último por “defender delincuentes” aunque en realidad se confunde con la idea garantista del mismo, es este discurso el que llega más a gran parte de la comunidad.

En el plano local, el Estado Provincial brilla por su ausencia, o bien, por no involucrarse con las temáticas de fondo acerca de la seguridad. La legislatura santafesina votó hace meses y transformó en Ley la creación de la Policía Judicial (independiente de la policía santafesina), creada por el diputado Eduardo Toniolli. Esta ley, fue vetada por el Ejecutivo en 2014 y en enero de este año, fue promulgada.

Esa masa consumidora de medios de comunicación a la cuál estos llaman “la gente” 

muchas veces exige la presencia del Estado, cuando se plantean nuevas herramientas por parte de éste, son rechazadas porque compran el discurso de que “lo nuevo” no los protege. La maniobra discursiva les hace confiar en que tales o cuales “defienden delincuentes” y nada más. Por eso, nos debemos un profundo debate, donde no terminemos de rehenes de los medios que terminan afectando la posible solución de aquello de lo que nos quejamos.